Artículo 1: “Cooperación
Internacional: ¿Seguridad humana o pax mafiosa?”
La crisis humanitaria y de seguridad humana que
vive hoy México le presenta a la administración de Enrique Peña Nieto no sólo
desafíos históricos, sino también oportunidades para recuperar su liderazgo
internacional. La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales
formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de
siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales,
fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas
afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos
delictivos.
Una empresa criminal es un grupo organizado de
personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios
ilegales (por ejemplo, productos de piratería y dinero falsificado) o bien
legales (personas, automóviles, cigarrillos o joyas) pero a través de canales
ilícitos. Sus estructuras incluyen directorios ejecutivos que suelen estar
integrados por políticos y empresarios legalmente constituidos en los registros
de la propiedad mercantil de diversos países. También manejan grupos armados internacionales
para proteger sus estructuras económicas y poseen franquicias en varias
jurisdicciones geográficas que procesan las transacciones de bienes y
servicios, y pagan tasas o cuotas a los directivos de la organización.
Los Estados normalmente se limitan a reaccionar
ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el
nivel regional, con una fuerte tendencia a reprimir un pequeño rango de
delitos, en su mayoría ligados al tráfico de drogas, lo que después genera un búmeran
o paradoja de más corrupción y violencia, pues carecen de políticas públicas de
coordinación operativa global para desmantelar el patrimonio ilícito de
aquellos funcionarios de alto nivel que pertenecen a directorios de mafias o
que solo fueron comprados por estas.
Un Estado débil por falta de controles, que
genere mayor represión sin brindar justicia ni desmantele el patrimonio
criminal y carezca de prevención social, sufrirá más violencia organizada y
mayor corrupción. Este es el caso de México durante los últimos 10 años.
Hay
que recordar que la cooperación internacional es una condición necesaria, pero
está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren
que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que
realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de
delitos económicos organizados. Los choros y algoritmos prefabricados por
pseudoacadémicos en Estados Unidos y México, «contratados» por el gobierno
federal en turno, no sustituirán a este único resultado que toda persona de a
pie comprende. Sin reducir las frecuencias de estos 22 delitos, la inversión
doméstica y la extranjera directa no despuntarán para catapultar a México al
crecimiento económico con todo el potencial que le otorga su estadio demográfico
beneficioso.
Al
adoptar una política de seguridad humana integral a través de una cooperación
técnica global, y no sesgada hacia Estados Unidos, la nueva administración
federal mexicana le permitirá al país recuperar su rol como líder en la armonización
regional de políticas judiciales, económicas, sociales y regulatorias
(incluyendo la armonización regulatoria regional migratoria y regulatoria del
consumo y producción de drogas hoy ilícitas). La adopción de políticas
regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de
cooperación y de liderazgo hemisféricos.
Articulo 2: Seguridad Humana: “la
transición hacia una democracia con Estado de Derecho”
México es el segundo país del planeta con mayor
flujo de capitales del crimen. Todo país que desee progresa de manea
sostenible, social y económicamente hablando, no puede estar caracterizado por
el saqueo caóticamente “pirañesco” de su elite político empresarial sindical.
Se ha expuesto, que hasta la corrupción política debe poseer una regulación de
Estado y no se debe permitir que cualquier interés legal o ilegal, por debajo
de la mesa, pueda llegar a colocar su dinero en el mercado de compraventa de
políticos, tal como hoy sucede en México.
La corrupción política organizada también causa
daño social, aunque menor, ya que deslegitima al Estado. Lo cierto es que la
corrupción desorganizada y sin controles que viven hoy, invita a empresas
criminales de origen nacional y extranjero a establecer cabeza de playa con
franquicias para cometer actos predatorios de mayor daño social. México se
encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su transición
política hacia una democracia; ña ausencia de controles patrimoniales ha
convertido a México en el segundo país del planeta con los mayores flujos
capitales criminales que después se lavan en los países más ricos con Estado de
Derecho. -Una sociedad sin controles regulatorios de sus comportamientos
antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en un bazar
criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios, como lo es
hoy México.
Desmantelar y prevenir a la delincuencia
organizada es siempre un trabajo de coordinación internacional entre Estados y
sociedades, el fortalecimiento de la seguridad nacional y seguridad humana en
México requiere primero fortalecer a su Estado con la mayor de las urgencias.
Un síntoma de la alternancia en el poder sin esta
transición lo ha el hecho de que los supuestos representantes populares en
México todavía no han definido acuerdos políticos con el propósito de delinear
e implementar en la práctica aquellos controles judiciales, patrimoniales, y
socialmente preventivos que hagan reducir los comportamientos antisociales. México
se encuentra dentro de un ya largo limbo sin haber culminado todavía su
transición política hacia una democracia; donde la ausencia de controles
patrimoniales ha convertido a México en el segundo país del planeta con los
mayores flujos capitales criminales que después se lavan en los países más
ricos con Estado de Derecho. Una sociedad sin controles regulatorios de sus
comportamientos antisociales más predatorios se transforma tarde o temprano en
un bazar criminal patrimonial internacional para cometer delitos predatorios,
como es el caso de México.
Para que una transición hacia una democracia se
traduzca en instituciones de control con Estado de Derecho democráticamente
acordadas, los actores políticos deben contemplar que pagaran un alto costo
personal y/o político si no instruyen controles regulatorios a sus propios
comportamientos antisociales.
La prioridad del próximo Gobierno Federal será la
de instituir controles política y socialmente acordados. Esto incluirá a las
reformas judiciales, hasta hoy mal implementadas o aun no implementadas por
falta de acuerdos políticos. Por estos acuerdos tenían que ir mas allá de la
seguridad pública y concebir políticas públicas de seguridad humana que
incluyan además consensos sobre controles patrimoniales, generando
concesos sobre controles ambientales y controles de prevención social
educativos sanitarios laborales alimentarios, que previenen que el tejido
social de regiones enteras en México sea “capturado” por empresas criminales
que actúan hoy como para estados.
Las políticas de seguridad humana son las que
constituyen estos 4 controles y deben de ser coordinadas a través de una
política legislativa que sea implementada a través de gabinetes de seguridad
humana a nivel federal, estatal, y ante todo municipal, todos hoy inexistentes
en México.
Dos problemas de orden práctico deben ser
satisfactoriamente resueltos por las nuevas autoridades para garantizar la
sostenibilidad y puesta en practica de los controles antes mencionados. El
primer problema a resolver es acordar los mecanismos institucionales legítimos
a través de los cuales se establecerán estos controles judiciales,
patrimoniales, y socialmente preventivos para que no sean boicoteados por uno u
otro partido a la hora de su implementación.
El segundo problema sería acordar los criterios
de aplicación de estos controles judiciales y patrimoniales para que operen
sobre la misma elite político – empresarial – sindical mexicana.
Las mejores prácticas internacionales de
sostenibilidad democrática indican que controles judiciales, patrimoniales y
socialmente preventivos deberán ser delineados, aprobados y monitoreados en su
implementación técnica a través de comisiones especializadas del Congreso de la
Unión y de los congresos locales con todos los partidos representados en ellas.
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